Buena parte de la violencia que sufre un ciudadano en su barrio no nace en una selva lejana ni en una ruta internacional. Nace en rentas locales: el microtráfico de la esquina, la extorsión al comerciante, el hurto organizado. Esas rentas tienen dueños, y los dueños tienen nombre. Por eso el nivel local es donde se decide una parte considerable de la seguridad cotidiana.
Por esa razón, es acertado reforzar la operatividad local con las capacidades del Estado a nivel nacional: su inteligencia, su investigación criminal y su fuerza pública, puestas al servicio del territorio. Esa línea de la política de seguridad debería fomentarse, mantenerse y extenderse a los principales centros urbanos. Atacar las rentas que se explotan a nivel local es correcto, porque ahí está gran parte del dinero que sostiene a las organizaciones y el miedo que soporta la gente.
También es correcto individualizar. Una cosa es hablar de estructuras en abstracto y otra identificar a quienes determinan y ejecutan hechos de violencia e intimidación contra los ciudadanos. La evidencia disponible, en buena parte de otros países y con diseños de evaluación limitados, sugiere que las intervenciones focalizadas sobre grupos y personas concretas reducen el delito en una magnitud moderada, y menos cuando la evaluación es más exigente. No promete milagros, pero es una apuesta mejor informada que la presencia difusa.
Lo mismo vale para el trabajo interinstitucional. La Policía conoce la calle y el barrio, el Ejército acompaña donde la situación lo exige, la Fiscalía convierte la información en proceso, y las alcaldías y gobernaciones aportan la oferta social y la autoridad que ordena el territorio. Es en lo local donde esas instituciones se encuentran, y donde su descoordinación se nota primero.
Los desafíos empiezan después del golpe. Lo primero es mantener la presión. Una organización golpeada deja un espacio, y ese espacio rara vez queda vacío: otro grupo lo ocupa, o quienes quedan se disputan la sucesión, y esa disputa puede traer más violencia que la que se quiso detener. Los operativos deben ser constantes para que el poder ilegal que se desplazó no sea reemplazado por otro.
Lo segundo es la justicia. Una captura es un punto de partida, y el resultado es una imputación que se sostiene y una sentencia condenatoria que refleje justicia. Para que haya condenas, los operativos deben respetar el debido proceso desde la captura. Si los procesos se caen o los capturados salen pronto, el costo para la organización es bajo y la comunidad concluye que nada ha cambiado. Hace falta dar seguimiento a los casos, y no solo a los operativos.
Lo tercero es el vecindario. Cuando se golpea una zona, la actividad ilegal puede trasladarse a los barrios o municipios contiguos. La evidencia no es unánime: en estudios sobre mercados locales de drogas se ha observado poco desplazamiento y, en algunos casos, incluso beneficios que se extienden a las zonas cercanas. La conclusión sensata no es dar por hecho el desplazamiento del fenómeno criminal ni descartarlo, sino vigilarlo.
Lo cuarto son las rentas. Detener a las personas sin afectar el dinero deja la estructura en condiciones de recomponerse con otras. Por eso los operativos requieren las precauciones necesarias para que, al tiempo que se captura, se investigue el flujo financiero y se actúe sobre los bienes de las organizaciones.
Y lo quinto es ampliar y reforzar el paso dado para cubrir el territorio nacional. Eso exige que cada lugar tenga la capacidad de sostener la presión, la investigación y el seguimiento judicial, y no todos la tienen. Por eso conviene que el refuerzo de cada lugar avance al ritmo de su capacidad para sostenerlo.
El criterio para saber si esta línea funciona no debería basarse en cuántas capturas se anuncian. Debería ser si el territorio deja de estar a merced de quien manda sin autoridad. Un operativo exitoso ocurre en un día; el Estado presente es el que sigue ahí después. Esa es la parte más difícil y la que más importa.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/cesar-herrera-de-la-hoz/
