Estas últimas semanas hemos visto cómo algunos políticos han convertido las cámaras en una nueva herramienta para ejercer sus cargos. El presidente, con su papel de Max Steel, y el concejal Alejandro de Bedout, que parece querer imitarlo (¡qué poca originalidad!), han encontrado en los operativos policiales una oportunidad para producir contenido.
Una producción que debe requerir horas de grabación, edición, efectos especiales y postproducción. Todo para transmitirnos dos mensajes: primero, que veamos cómo hacen su trabajo; y segundo, que nos emocionemos con su papel de justicieros y defensores de la sociedad. Sobre ambos tengo algunas preguntas.
Empecemos por la primera: ¿es este el trabajo de estos servidores públicos?
El presidente tiene la responsabilidad de dirigir la Fuerza Pública, liderar la política de seguridad y mantener el orden público. Puede dirigir operaciones y exigir resultados, pero eso no significa que le corresponda investigar delitos o decidir quién es culpable. Para eso existen la Fiscalía y los jueces. El concejal, por su parte, debe trabajar por su municipio y ejercer control político a la administración. Convertirse en protagonista de operativos policiales tampoco hace parte de sus funciones.
Nuestra Constitución establece competencias distintas para las autoridades. Que el presidente dirija la Fuerza Pública no lo convierte en fiscal o juez, así como el concejal no es un agente de seguridad. Y aquí cabe otra pregunta: ¿qué tanto de ese papel de justiciero se traduce en trabajo propio y resultados concretos? Porque una cosa es aparecer frente a las cámaras señalando culpables y otra asumir la responsabilidad de investigar, documentar y llevar las denuncias ante las autoridades. No basta con aprovechar investigaciones que ya están en curso para construir una imagen de defensor de la ciudad. Eso es, precisamente, ganar indulgencias con padrenuestros ajenos.
Pero hay algo más preocupante que el tiempo que dedican a estas actuaciones y aquí va mi segunda pregunta ¿Qué estamos celebrando de ellas?
Quiero ser clara: no estoy en contra de las capturas. Quiero que quienes cometen delitos sean identificados, capturados y llevados ante la justicia. Las víctimas merecen respuestas y los ciudadanos necesitamos seguridad. Pero exigir resultados contra la criminalidad no significa aplaudir cualquier comportamiento de quienes ejercen la autoridad.
Lo vergonzoso es ver a un servidor público comportándose como un niño bully, creyendo que intimidar y ridiculizar a alguien que está esposado lo hace más grande. No hay ahí ninguna altura ni muestra de autoridad. Y quizás lo más preocupante es que haya ciudadanos que lo celebren.
¿Que un funcionario se burle de alguien que no puede responderle? ¿Que lo provoque mientras está rodeado de hombres armados y bajo custodia? ¿Que aproveche ese momento para exhibirlo frente a las cámaras? Eso no es valentía, ni carácter, ni justicia. Es aprovecharse de una posición de poder para humillar a alguien que está en desventaja.
Y no se trata de tener consideraciones especiales con quien ha cometido un delito, ni de restarle gravedad a sus actos. Se trata de entender que para eso existe un sistema de justicia. La Constitución y el derecho penal establecen un procedimiento y unas autoridades con funciones específicas: la Fiscalía investiga, con apoyo de la policía judicial; los fiscales presentan las acusaciones y los jueces deciden. Una captura no es una condena. Después vienen controles judiciales, audiencias, pruebas, una defensa que puede controvertirlas y una decisión de un juez.
No necesitamos que un político haga de fiscal, juez y verdugo frente a una cámara.
El artículo 29 de nuestra Constitución establece el debido proceso y la presunción de inocencia. No son garantías que se conceden. Son reglas que obligan al Estado a actuar dentro de la ley, incluso cuando enfrenta a personas acusadas de los delitos graves. El artículo 1, por su parte, establece que la dignidad humana es uno de los fundamentos de nuestro Estado social de derecho.
Los derechos no son un premio. Son límites al poder del Estado. Por eso el artículo 12 prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el artículo 188 le recuerda al presidente que representa la unidad nacional y debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. De todos.
Necesitamos un Estado que capture delincuentes, desarticule estructuras criminales y les dé respuestas a las víctimas. Que entienda que la autoridad no necesita humillar y que la justicia no se construye con espectáculos. Porque estamos confundiendo la justicia con la venganza y la autoridad con el bullying. Y jugando a ser Herodes, algunos parecen haber olvidado sus funciones.
Tal vez, desde hace dos mil años, algo no cambia: ¡Pan y circo señores!
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
