Corría la última semana de 2024. Nochebuena ya había pasado y las personas se preparaban para recibir el nuevo año. Entre la maicena para los postres, el coco para la natilla y la masa de los buñuelos no había mucho más en qué pensar por esos días. La voz de Rodolfo Aicardi se escuchaba en emisoras, buses y supermercados. No había cómo escapar de ella.
Ese ambiente festivo no se trasladaba al Congreso. El último viernes de ese año, mientras algunos ya se imaginaban bailando con Afrosound de fondo, fue aprobada una reforma constitucional que introducía el cambio administrativo más grande del país en este siglo. Palabras más, palabras menos, el Congreso aprobó ese viernes 27 de diciembre casi que duplicar el dinero transferido a municipios, departamentos y distritos mediante el SGP. Sin mucho rodeo ni alarde, en un escaso texto de cuatro páginas las entidades territoriales recibieron el año con la promesa de que serían el doble de ricas y el Estado central, vaya que asustado, con la tarea de financiar ese regalo.
A casi dos años de ese suceso el país no cuenta con la Ley de Competencias que soporte —y viabilice— ese cambio. Es decir, se repartió la plata pero no se ha dicho qué responsabilidades se tienen que asumir con ella. Ante una reforma que movería COP 100 billones la respuesta institucional es un «ahí vamos viendo».
Y más allá del dinero y las reglas, es inmensamente preocupante la transformación institucional que tendrá nuestra administración pública. Las capacidades de las administraciones locales se tienen que fortalecer, el monitoreo sobre el erario debe blindarse —y la respuesta para eso no puede venir desde la siempre lenta e inoportuna Contraloría—, la reorganización de la administración central tiene que preverse.
No se está hablando lo suficiente sobre esta nueva ola de descentralización. Ni dentro del Estado ni desde la sociedad civil. Que no se les haga raro: Colombia está por pasar a ser un país cuasi federal.
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