El miércoles nos enteramos de que el presidente de la República había apartado de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo Lara. En su reemplazo llegaría el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el mismo que, en su momento, destituyó a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá en medio del escándalo de las basuras.
Lara nunca me pareció un ministro del Interior particularmente destacable. Cometió errores impropios de quien ocupa una de las carteras más importantes del Gobierno y sufrió derrotas políticas contundentes que, en apenas dos meses, han contribuido a erosionar significativamente la confianza que muchos ciudadanos, entre ellos yo, depositamos en este Gobierno.
Por eso, su salida no me sorprende en lo más mínimo. Por el contrario, me parece una consecuencia bastante previsible de una gestión que, en muy poco tiempo, acumuló más desaciertos que resultados y terminó por hacer insostenible su permanencia en el cargo.
Por su parte, al exprocurador se le conoce por diversos atributos: la firmeza de sus posiciones, su actitud implacable frente a la oposición y su capacidad para defender sus convicciones hasta las últimas consecuencias. No pretendo hacer un juicio de valor sobre estas características; sin embargo, considero que el cargo de ministro del Interior exige otras cualidades, especialmente la capacidad de construir consensos, tender puentes y mantener abiertos los canales de diálogo, incluso con quienes piensan distinto.
Hoy, más que nunca, el Gobierno necesita un ministro del Interior capaz de conciliar, alcanzar acuerdos y tender puentes; alguien que, llegado el momento, tenga la altura política suficiente para hacer concesiones a la oposición cuando estas contribuyan al bienestar del país. Porque gobernar no consiste únicamente en defender las propias convicciones, sino también en reconocer que, en una democracia, ninguna fuerza política tiene el monopolio de la razón.
El Ministerio del Interior no puede convertirse en una trinchera desde la cual se profundicen las diferencias, sino que debe ser un espacio de interlocución en el que estas puedan tramitarse. Al fin y al cabo, la capacidad de un gobierno para sacar adelante su agenda no depende exclusivamente de la firmeza con la que defienda sus posiciones, sino también de su disposición para escuchar, negociar y construir consensos sin renunciar a sus principios.
Como bien se dice en Hamilton, uno de mis musicales favoritos, escrito por Lin-Manuel Miranda: «Winning was easy, young man; governing is harder» (Ganar fue fácil, joven; gobernar es más difícil). Y hoy el Gobierno nacional parece estar descubriendo el significado de esas palabras de una manera que dista mucho de ser la ideal. Porque una cosa es conquistar el poder y otra muy distinta es ejercerlo con la responsabilidad, la prudencia y la capacidad de diálogo que exige la democracia.
La llegada de un nuevo ministro del Interior debería representar una oportunidad para corregir el rumbo, reconstruir las relaciones con el Congreso y recuperar la confianza perdida. Sin embargo, me preocupa que el Gobierno esté confundiendo la necesidad de recuperar autoridad política con la de endurecer sus posiciones. La firmeza puede ser una virtud, pero cuando se ejerce sin disposición al diálogo corre el riesgo de convertirse en intransigencia.
Al exprocurador, como a todos los que llegan a un cargo en el gobierno, le deseo el mayor de los éxitos, total, si le va bien al gobierno, indefectiblemente nos irá bien a los ciudadanos. Pero ojalá esta nueva etapa sirva para entender que las diferencias políticas no se resuelven simplemente imponiendo posiciones ni convirtiendo a los contradictores en enemigos.
Gobernar exige saber cuándo defender una postura y cuándo ceder en ella. Porque, al final, el verdadero éxito de un gobierno no debería medirse por la cantidad de disputas que gana frente a sus opositores, sino por su capacidad para, a través de sus políticas, mejorar las condiciones materiales de sus ciudadanos.
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