En el segundo piso del Museo Nacional quedaron colgados los letreros. En la sala “Hacer sociedad” los muros grises conservan la sombra rectangular de lo que estuvo ahí, la red de luces que lo iluminaba, y una ficha técnica que le sigue explicando al visitante qué debería estar mirando.
“Esta sala presenta condiciones históricas de organización social y política del país. Hace referencia a procesos de convivencia, resistencia, y reivindicación. Relata casos relacionados con la manera como se ha tejido la sociedad en Colombia.” Y ya no hay diez obras de historia LGBTI y feminista que estaban el lunes.
Otra: “Reivindicación de Nación – De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016.” En esa no queda nada de nada.
Una bandera del orgullo. Una revista. Un impreso sobre derechos reproductivos. Un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la UP asesinado en 1990 por grupos paramilitares en alianza con el Estado. Nada.
El Museo Nacional es el más antiguo del país, fundado en 1823, y funciona en el edificio que fue el Panóptico, una cárcel. Sirvió para encerrar gente, y después lo convertimos, juntos, en el lugar donde Colombia guarda lo que decidió recordar. Ayer volvió a su primer oficio.
Mientras el presidente Abelardo de la Espriella visitaba el Ministerio de Cultura para anunciar una “contrarrevolución cultural” y una lucha patriótica contra el wokismo, el secretario general del ministerio, Julián Sterling, llegaba al museo con la directora encargada. A La Silla Vacía en su reportaje fuentes internas que pidieron anonimato por miedo a represalias contaron que escogieron a dedo y a puerta cerrada las piezas que saldrían. Odas al terrorismo, dijeron.
Quisiera saber cuál de esas piezas disparó un fusil. En qué renglón del impreso sobre anticoncepción estaba la apología al terrorismo.
León Zuleta fue asesinado en Medellín en 1993 por ser quien era y por decirlo en voz alta en una ciudad donde eso costaba la vida. Treinta y tres años después, un gobierno lo vuelve a sacar de la historia, pero con destornillador.
Y Bernardo Jaramillo no fue victimario de nadie. Fue un candidato presidencial, y antes sindicalista, víctima de un exterminio por el que la Corte Interamericana condenó al Estado. Descolgar ese afiche bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo deja ver la verdadera vara: el problema es cualquier memoria que le recuerde al Estado lo que hizo, y a quiénes dejó por fuera.
No es casualidad que también haya caído el muro de la Constitución del 91, con el tarjetón de la Séptima Papeleta y la pluma hecha con una bala con la que se firmó el Acuerdo de Paz. Ni que en “Memoria y Nación” se hayan desmontado casi todas las fotos del muro de la diversidad.
Esa, nuestra Constitución, es el texto que obliga al Estado a reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de Colombia, y que consagra que mujeres y hombres tienen, en papel, iguales derechos y oportunidades. Todo lo que las mujeres y la población LGBTI hemos conquistado en Colombia tiene ese muro como punto de partida, por lo que quitarlo el mismo día que la bandera del orgullo y el impreso de Sí Mujeres es coherencia ideológica, por más que la vistan de curaduría.
Los silencios en la historia no aparecen solos, dijo el antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot. Alguien los produce, y uno de los momentos en los que se producen es cuando se arma el archivo, cuando alguien decide qué se exhibe y qué no.
En Colombia hemos aprendido esa lección a las malas. Las mujeres víctimas del conflicto, por ejemplo, tuvieron que recoger sus propios testimonios, casi mil en el informe La verdad de las mujeres de la Ruta Pacífica, porque nadie más los estaba buscando. Esa memoria, en vez de regalarse por algún gobierno, fue recogida a pulso por aquellas que soñaban con una Colombia en paz, y que ayer fueron sacadas del museo.
Admiran mucho a Estados Unidos y a Europa. ¡Tenemos un presidente con nacionalidad gringa e italiana, por Dios bendito! ¡Que sabe hablar inglés! Pero, entre todo lo que tienen esos países, lo más valioso es la memoria histórica, preservada cuidadosamente por manos bastante alejadas del poder presidencial.
Archivos de la Guerra Civil digitalizados, con opción de enviar copias en braille por correo, y con pistas en audio que los narran. Así aprenden ellos sobre esclavitud, la Confederación, sobre Lincoln y Davis. O, en Italia, el municipio de Riccione compró la villa de Mussolini para que no terminara en manos de “nostálgicos del fascismo”. Así aprendieron ellos que un estado es un custodio de la memoria; no un dueño.
No somos los únicos a quienes les intentan lavar el cerebro. En República Checa el gobierno de Peter Magyar, quien destronó al tirano Orbán, intentó cerrar la “Casa del Terror” hace un mes, un museo recordando las víctimas del totalitarismo. O, en Alemania, un concejo en Heidenau, liderado mayoritariamente por el AfD, prohibió las piedras de tropiezo, que honran a las víctimas del Holocausto en los lugares donde vivieron o trabajaron.
La tentación de meterle mano a la memoria no tiene ideología. Sí la tiene cualquiera que llegue al poder convencido de que la historia le pertenece.
El presidente dice que va a defender los valores, la tradición familiar y la identidad nacional. ¿De cuál identidad habla? Porque la nación que estaba colgada en esas paredes, la que yo conozco, también tiene lesbianas, mujeres que toman anticonceptivos, militantes de izquierda asesinados por pensar distinto, estudiantes que votaron con una papeleta que no existía. Esa también es la tradición de este país, y también es su familia, aunque no sea la que a él le guste para posar en la foto.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/salome-beyer/
