El show detrás de los comparendos, traslados y decomisos por porte y consumo es más costoso de lo que nos imaginamos. Además de inconstitucional, vulnerador de derechos y libertades individuales y sustentado en visiones moralizantes de la sociedad, está acabando con la capacidad operativa de la Policía Nacional y reduciendo la legitimidad de las autoridades.
El Estado colombiano ha insistido en desplegar un desproporcionado aparato policivo en las calles para perseguir el consumo y el porte de sustancias psicoactivas. Bajo el pretexto retórico de la «seguridad ciudadana» y la «protección de la infancia», gobernantes locales y nacionales han convertido la requisa callejera en la principal métrica de la efectividad policial. Sin embargo, al levantar el velo de los discursos oficiales, la evidencia demuestra la vacuidad y el costo social de este espectáculo.
Según un informe de Temblores ONG, entre 2017 y 2022 la Policía Nacional impuso 1.188.906 comparendos por porte o consumo de SPA, lo que equivale a un promedio de 543 comparendos diarios en el país. No obstante, este aparente «éxito» operativo esconde una realidad distorsionada: el 70,9% de las sanciones se aplicó por cantidades inferiores a un gramo y, si se incluyen los decomisos de cannabis, el 96% correspondió a cantidades por debajo de la dosis personal definida en la Ley 30 de 1986, cuyo consumo protege la Corte Constitucional desde la histórica Sentencia C-221 de 1994.
En una serie de recomendaciones sobre el modelo de vigilancia de la Policía Nacional, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes estableció que abordar, trasladar y elaborar el comparendo de una persona ocupa, en promedio, más de seis horas continuas de una patrulla. Tiempo y capacidad de respuesta desperdiciados en conductas de bajo impacto y amparadas por la jurisprudencia.
Estas decisiones de enfoque operativo y política criminal se toman en un contexto de saturación y sobrecarga laboral originado en un déficit de pie de fuerza. La Policía debe atender más de 492 funciones de seguridad y convivencia que le asignan la Constitución y la ley, además de cargas adicionales: la custodia de miles de detenidos en estaciones de policía, el apoyo a grandes eventos privados, la protección de personajes públicos y los caprichos de los gobernantes locales de turno.
Entonces, ¿por qué la fuerza pública invierte millones de horas-hombre en perseguir «marihuaneros»? Porque la arquitectura institucional mide el desempeño semanal de las patrullas por la acumulación bruta de decomisos, independientemente de lo incautado, lo que arroja resultados inflados sin efecto alguno sobre los índices de criminalidad ni sobre las organizaciones armadas y el microtráfico. Todo esto, impulsado por el show de alcaldes y secretarios de seguridad que buscan resultados inertes y facilistas para las cámaras.
Y es que justamente este es el aspecto más nocivo de la estrategia: su total ineficacia frente al crimen organizado. Mientras la Policía malgasta su capacidad operativa en operativos efectistas contra consumidores, las estructuras criminales consolidan su verdadero motor financiero: el monopolio de la extorsión al comercio, el control territorial y la gobernanza de hurtos, fenómenos que son los que realmente deterioran la convivencia urbana y la seguridad ciudadana.
Y eso que no hemos hablado de los efectos de estos operativos en la legitimidad de la fuerza pública y en la confianza ciudadana, del desgaste moral y laboral de los patrulleros, ni de los abusos policiales impulsados por los incentivos perversos que genera la presión por resultados.
La persecución a quienes consumen cannabis en parques no solo es ineficaz para alcanzar los objetivos que persigue, también degrada la eficiencia de los recursos y de la capacidad operativa de la Policía y lesiona los derechos de las personas y la credibilidad de la fuerza pública. Los únicos que ganan con este show son los políticos que lo montan y las estructuras criminales que aprovechan la dispersión de la fuerza pública para delinquir de verdad.
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