Defender la democracia y sus instituciones contra los que, de entrada, se catalogan como antidemocráticos y están “al otro lado”, es muy fácil. Todas las acciones que no nos gustan se catalogan fácilmente como un “ataque a la democracia” o “un desconocimiento de la Constitución” o un “quiebre del sistema de frenos y contrapesos”. El cuatrienio anterior fue un ejemplo perfecto de esto.
Algunos medios de comunicación, buena parte de los gremios industriales y empresariales y los actores políticos y opinadores desplegaron todo su poder y alcance en señalar, condenar y denunciar las decisiones, las movidas y los nombramientos del gobierno Petro cuando, efectivamente, atentaban contra la democracia. En discursos, comunicados, columnas y acciones judiciales se hacían sesudos análisis de teoría política, se citaban, no siempre fielmente, pasajes de nuestra historia y de la historia de occidente y se transcribían párrafos enteros de jurisprudencia con el objetivo de “defender nuestra democracia”.
Cuando los jueces suspendían y luego tumbaban actos administrativos eran demócratas y su labor era el ejercicio legítimo de la autonomía y la independencia de la rama judicial. Cuando las mayorías parlamentarias hundían proyectos de ley de resorte del ejecutivo o de iniciativa de la bancada gobiernista eran una talanquera necesaria contra el autoritarismo, la concentración de poder y a favor de los principios y valores democráticos. Cuando los gremios alertaban al país de la debacle que se venía estaban ejerciendo su derecho a proteger los intereses de sus afiliados dentro de un esquema democrático que los reconocía como actores autónomos y representantes de sectores fundamentales para el buen desempeño de una democracia liberal. Cuando la prensa investigaba y denunciaba era el cuarto poder y protegía la democracia.
El nepotismo, que no es necesariamente ilegal, pero que definitivamente afecta y desfigura una democracia moderna, técnica y efectiva, prendía las alarmas de muchos medios que hacían amplias investigaciones y de concejales y candidatos que “voleaban” SECOP con destreza y consistencia. No dejaban pasar ni media.
El presidente Petro, sus congresistas y admiradores, por el contrario, gritaban “golpe blando” o simplemente “golpe de Estado” cuando los jueces actuaban y sus decisiones les eran contrarias. En el congreso eran “enemigos del cambio”, hacían “trampa” y ejecutaban “golpes parlamentarios” cuando las mayorías no le votaban sus proyectos. Los gremios solo representaban “las élites y la oligarquía” y Juan Fernández, en ese momento Asesor para la Competitividad de Petro, llegó a decir frente a las críticas de Bruce MacMaster “¿No será que hace falta un interlocutor válido en la ANDI?” Petro sentenció que la ANDI representaba un “seudoempresariado” que vivía del Estado. Los medios críticos eran “los grandes partidos de oposición”, “manipuladores de mentes” o simplemente “enemigos” de su gobierno. Recuerden incluso la expresión “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia” por la cual los jueces lo obligaron, varias veces, a retractarse por ser, además de mentiras, una expresión “degradante y sexista”
Pero estamos en la “patria milagro” y eso quiere decir que los que antes veían, escuchaban, señalaban y denunciaban han, desde el 7 de agosto, perdido sus facultades, su energía y su fuerza democratizadora. Ya no entienden nada del sistema de frenos y contrapesos y de su repertorio dialectico han desaparecido los análisis políticos y la jurisprudencia en defensa de la autonomía e independencia de las ramas del poder público, de los gremios, los medios y en general de la democracia.
El presidente, sus voceros y seguidores han pedido activamente y aplaudido la remoción de líderes gremiales (Carolina Soto y Bruce MacMaster) y de periodistas (Ana Cristina Restrepo, Camila Zuluaga, Luz María Sierra y Vladdo) y lo han hecho con el silencio cómplice de muchos medios que antes vigilaban y criticaban contundentemente cualquier intento de intromisión por parte del poder. El silencio se ha extendido a los gremios y a políticos de la bancada oficialista.
Los que siguen hablando dicen que los jueces que toman decisiones contra el gobierno representan “un saboteo judicial” o “un gobierno alterno”. El presidente, que es muy hábil para decir “A” y rápidamente afirmar lo contrario, ha dicho que respeta las decisiones de la rama judicial, pero también ha amenazado a algunos jueces con la justicia norteamericana (¡).
El milagro, no obstante, no se queda ahí. Como Lázaros llamados súbitamente por la voz de la democracia, los del Pacto Histórico han recuperado el habla y la capacidad de denuncia. Ahora sí prenden las alarmas por posibles violaciones y excesos y acumulan denuncias en múltiples frentes. Se levantaron de un sueño de cuatro años y se acordaron de que no todo es válido en el poder y que las instituciones, la prensa e incluso las instancias de intermediación entre lo privado y lo público que critican y controlan, son parte fundamental de un régimen democrático.
Defender la democracia es, finalmente, defender el derecho a expresarse de quienes no son ni mis amigos ni mis copartidarios, incluso cuando dicen cosas que me chocan. Es respetar y acatar, en palabra y acciones, las decisiones de los jueces, aunque no vayan con mis intereses. Es celebrar los debates y las votaciones, incluso, claro está, aquellas que no se ganan. Pero también es señalar y denunciar a los cercanos, los amigos y los copartidarios cuando actúan contra la democracia. Sin acomodos.
Porque la democracia (con Estado de derecho y separación de poderes) es el único sistema en el que el ganador no lo gana todo y el perdedor tampoco lo pierde todo. Y no se pueden esperar milagros, porque siempre tenemos que defenderla activamente. Siempre.
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