Como estudiante de universidad pública me atrevo a escribir lo que van a leer. No esperen una institución arrodillada, se están equivocando si creen que con esos protocolos que anuncia el presidente para permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades nos van a callar. La universidad pública no es un lugar donde todos pensamos igual, tampoco es un lugar donde no existan problemas, pero sí es un espacio donde aprendimos a discutir, a cuestionar y también a protestar.
Me duele la estigmatización de nuestra comunidad, porque tener un carnet de universidad pública no nos hace delincuentes. Ser estudiante de una universidad pública no nos convierte en vándalos, terroristas ni enemigos de la Fuerza Pública. Y creo que la mayoría de los que hacemos parte de la comunidad estudiantil sabemos lo que significa, como nosotros lo decimos, ser de pública. Sabemos que la universidad no es solamente el salón de clase, que también es la calle, la asamblea, la discusión, la protesta y la posibilidad de levantar la voz cuando algo no nos parece.
El movimiento estudiantil ha estado presente en momentos importantes de la historia reciente del país. En 2011 salió a defender la educación pública frente a la reforma de la Ley 30 y fue protagonista de una movilización que terminó frenando esa propuesta. En 2016 también estuvo en las calles defendiendo el proceso de paz. No somos una generación que acaba de descubrir que puede protestar. Hay una historia detrás de ese carnet que algunos parecen no conocer. Y por eso resulta tan fácil decir que las universidades públicas son “santuarios de violencia” cuando no se mira todo lo que también ha pasado dentro de ellas.
Vale la pena recordar el 16 de mayo de 1984. Ese día, después de una jornada de protestas en la Universidad Nacional, la Policía ingresó al campus y se produjeron enfrentamientos, detenciones y graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Según la investigación de Archivos del Búho entregada a la Comisión de la Verdad, 81 personas fueron detenidas, entre estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad y habitantes de la zona; hubo denuncias de golpes, torturas y agresiones sexuales. Y hay un hecho que todavía estremece: a varios de los estudiantes detenidos los hicieron aparecer encapuchados con capuchas que habían sido fabricadas por los propios policías para ese fin, según los testimonios recogidos en la investigación.
¿Ahora cómo nos garantizan que no lo pueden hacer de nuevo?
Después de hechos como estos, la Constitución de 1991 reconoció la autonomía universitaria y la Ley 30 de 1992 desarrolló ese principio. Los artículos 28 y 29 reconocen a las universidades la posibilidad de darse sus propios estatutos, designar sus autoridades, organizar sus programas, seleccionar a sus profesores y estudiantes y administrar sus recursos. Y el artículo 30 establece como propio de las instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad y el ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra y el aprendizaje. No es un privilegio para esconder delitos, es una garantía para que la universidad pueda cumplir precisamente con lo que es: una institución para pensar, enseñar, investigar y debatir.
Por eso me preocupa que justo ahora, cuando tenemos un movimiento estudiantil debilitado, la respuesta sea esta. Si el objetivo son los capuchos y esta es la solución que propone el Gobierno, qué real desconexión. Porque los capuchos organizados no son toda la universidad. Los estudiantes que pueden terminar más expuestos a la Fuerza Pública son precisamente los estudiantes comunes, los que están protestando por sus ideales, los que están en una asamblea, los que están marchando o simplemente los que están dentro de la universidad cuando se presenta una situación de violencia. Y si el Gobierno sabe quiénes son los que cometen delitos, entonces que los investigue, los identifique y los judicialice. Pero no entiendo por qué la respuesta tiene que convertir a toda una comunidad en sospechosa.
El presidente ha dicho que la protesta pacífica será respetada, pero también anunció un protocolo nacional para establecer cuándo la Policía podrá intervenir ante hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, incluso cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. Entonces habrá que leer ese protocolo. Habrá que saber quién decide cuándo se cruzó esa línea, quién autoriza el ingreso, bajo qué condiciones y cuáles serán las garantías para los estudiantes que no están cometiendo ningún delito. Porque decir que se va a distinguir entre protesta pacífica y violencia suena bien, pero ahora toca ver cómo se hace en la práctica.
Y hay una frase del presidente que me sorprende especialmente: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”. Me sorprende porque quienes estamos adentro sabemos que ningún estudiante quiere que su universidad sea un santuario de la violencia. Queremos una universidad para educarnos. Queremos poder discutir, investigar, aprender y protestar sin que protestar nos convierta automáticamente en delincuentes. Y también queremos que quien cometa un delito responda por él, porque defender la universidad pública no significa justificar la violencia.
Lo que sí demuestra esta decisión es una incapacidad para construir consensos. Porque la universidad pública no se defiende diciendo que todo está bien dentro de ella, se defiende entendiendo que los problemas que existen no pueden convertirse en excusa para desconocer a toda una comunidad. La autonomía universitaria tampoco significa que dentro de las universidades pueda cometerse cualquier delito sin consecuencias. Pero tampoco puede significar que, cada vez que haya una protesta o una alteración del orden público, la primera respuesta sea abrirle la puerta a la Fuerza Pública.
Nuestra universidad no es un campo de batalla. Y quienes estudiamos en ella tampoco somos el enemigo.
Estaremos atentos a qué tiene este protocolo y a que, como el presidente lo mencionó, se distinga realmente la protesta social pacífica. Pero cuenten con que toda la comunidad universitaria está pendiente. Porque tenemos memoria, porque sabemos lo que ha pasado antes y porque sabemos también todo lo que representa la universidad pública para este país.
Y Abelardo, chao de la universidad pública.
Si quieren ingresar, presenten examen de admisión.
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