A poco más de una semana de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella les dio un plazo de diez días a los cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias para entregarse a la justicia: “se van a acordar de mí”. Es un mensaje que se alinea con su promesa de campaña. Pero antes de que ese reloj corra, vale la pena entender contra qué está corriendo. Porque el Clan del Golfo no es hoy el mismo grupo que combatió al gobierno que termina: creció, se diversificó y se volvió más difícil de desmontar que cualquier plazo fijado desde Bogotá.
El primer punto es el tamaño de sus rentas. El Clan del Golfo dejó de ser, hace tiempo, una organización que vive del narcotráfico. Combina la minería ilegal, la extorsión generalizada y el aprovechamiento de recursos públicos en los territorios donde opera. Esa diversificación le permite mantener una nómina regular para sus integrantes, con pagos escalonados según el rango. Un grupo armado que paga un salario ya no es una banda: es un “empleador”, y eso cambia por completo lo que se necesita para desmontarlo.
El segundo es el poder territorial. En los últimos años, mientras se exploraba una salida negociada, el grupo amplió de forma sostenida su influencia: hoy tiene presencia en la mayoría de los departamentos del país, no solo en zonas rurales apartadas sino también en cascos urbanos y corredores estratégicos. En no pocos municipios, alcaldes han tenido que gobernar desde las capitales departamentales o bajo amenaza directa, porque el grupo decide quién puede ejercer la autoridad local y quién no. Una evidencia más de que este es, ante todo, un problema de Estado central, no de gestión municipal.
El tercero son sus conexiones transnacionales. El Clan del Golfo funciona como intermediario logístico de una cadena que conecta con carteles mexicanos, mafias europeas y redes balcánicas, y que mueve cocaína colombiana hacia Centroamérica, Estados Unidos y, a través de Venezuela, hacia Europa y África. Es, en sentido estricto, un actor de la economía criminal global, no un problema exclusivamente colombiano.
El cuarto es la lección incómoda que dejó el propio proceso de negociación en este cuatrienio: el grupo no se fortaleció a pesar de la mesa, sino durante ella, favorecido por un cese al fuego prematuro y por una menor eficacia de la inteligencia estatal en sus fases iniciales. La mesa instalada después en Doha, con varios países como mediadores, corrigió parte de esa dinámica al combinar la presión militar con el diálogo. Pero el mensaje de fondo quedó claro: un proceso que permite que el grupo se fortalezca desde el inicio empieza mal.
El quinto es su estructura de mando. El Clan del Golfo no depende de un solo líder ni de un solo territorio: se organiza en bloques y subestructuras con mandos diferenciados, lo que le ha permitido absorber golpes puntuales de la Fuerza Pública sin fragmentarse del todo. Esa misma arquitectura, sin embargo, abre la puerta a que surjan disidencias locales que hereden rentas específicas —como ya ocurre con la minería ilegal en algunas zonas— si el proceso avanza sin control sobre los mandos medios.
Frente a esto, un ultimátum de diez días es, en el mejor de los casos, una señal política; en el peor, una repetición del voluntarismo que ya dejó lecciones. Lo que el nuevo gobierno necesita no es solo el gesto de fuerza, sino tres cosas que hasta ahora han faltado: inteligencia financiera capaz de rastrear el dinero del grupo, un marco jurídico listo para cualquier escenario —sometimiento, combate o incluso negociación— y una estrategia nacional que entienda que buena parte de los municipios donde opera el Clan del Golfo tienen alcaldías y gobernaciones con capacidades administrativas y fiscales muy limitadas. Ahí la tarea no es delegar, sino fortalecer: sin una inversión sostenida en la capacidad institucional de esos gobiernos locales, cualquier estrategia nacional seguirá construyéndose sobre territorios que el Estado, en la práctica, no logra administrar. El Clan del Golfo seguirá siendo, mientras tanto, más grande que cualquier plazo que le pongan.
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