El nuevo Congreso llegó con una lista de asuntos urgentes: seguridad, salud, energía, economía. Sin embargo, sus primeros días se han consumido en una discusión menor: el lugar donde debe posesionarse Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA). Pero las ceremonias del poder nunca son adornos. Dicen qué entiende un gobernante por autoridad, ante quién responde y de dónde supone que proviene su legitimidad.
Conviene empezar por una precisión jurídica. La Constitución ordena que el presidente tome posesión ante el Congreso; no exige que la ceremonia ocurra dentro del Capitolio. Por eso, trasladarla al Cauca no es contrario a la Carta si el Congreso concurre. El problema aparece cuando el escenario escogido es una guarnición militar o policial. Allí la discusión deja de ser geográfica y se vuelve simbólica: no importa dónde se pronuncia el juramento, sino bajo qué poder parece pronunciarse.
Ese simbolismo inquieta por el contexto. Gustavo Petro (@petrogustavo) designó en 2025 como ministro de Defensa al general Pedro Sánchez, quien venía del servicio activo y pasó luego a retiro. De la Espriella escogió para esa cartera al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López. Ninguno de esos nombramientos es ilegal por el origen militar de los designados. La objeción es política: cuando la conducción civil de la defensa se confunde con la identidad castrense, resulta difícil distinguir entre gobernar a las Fuerzas Armadas y gobernar desde su imaginario.
La historia invocada aquí merece contarse bien. El 9 de mayo de 1958, cinco días después de ser elegido presidente y antes de posesionarse, Alberto Lleras Camargo habló ante jefes y oficiales en el Teatro Patria de Usaquén. No fue un discurso en la Escuela Militar ni una intervención pronunciada desde la Presidencia. Fue el mensaje de un presidente electo que recibía un país recién salido de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y de una fallida intentona golpista ocurrida el 2 de mayo.
Lo que después se llamó Doctrina Lleras contenía una doble frontera. Lleras sostuvo que las Fuerzas Armadas no debían decidir cómo gobernar la nación, pero añadió que los políticos tampoco debían intervenir en su función técnica, disciplina, reglamentos o personal. Su legado no fue una teoría del control civil moderno: junto con la subordinación militar al poder constitucional, también consolidó espacios de autonomía castrense. Reducirlo a la consigna de que “los civiles mandan en todo” sería históricamente inexacto.
Por eso tiene valor la intervención de Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza). Nieto no formuló una doctrina nueva ni reclamó que la política invadiera los cuarteles. Dijo algo concreto: si se quiere homenajear a la Fuerza Pública, el presidente puede posesionarse ante el Congreso donde se acuerde, pero no en una guarnición militar, porque el mensaje simbólico sería equivocado. Esa distinción es plenamente republicana.
La controversia no consiste en afirmar que un militar retirado carece de capacidad para dirigir el Ministerio de Defensa, ni en sostener que toda ceremonia fuera de Bogotá viola la Constitución. Consiste en recordar que las democracias también se defienden mediante sus formas. Un presidente recibe el mando de los ciudadanos representados en el Congreso, no de los soldados que quedarán bajo sus órdenes.
La Constitución puede cumplirse en la letra y traicionarse en la puesta en escena. Posesionarse ante el Congreso dentro de un cuartel quizá satisfaga el requisito formal, pero invertiría la imagen esencial de la República: haría parecer que el poder civil busca amparo en las armas cuando son las armas las que deben obedecer al poder civil. Ese equívoco no es una nimiedad. Es la diferencia entre una democracia que gobierna sus fusiles y un gobierno que necesita exhibirlos para sentirse legítimo.
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