Los y las actores del sistema político, en particular aquellos que se dedican de lleno a la participación en las contiendas electorales y que como políticos se deben al favor de los ciudadanos tienen que aprender algo relevante de cara a sus públicos: renunciar a un cargo de elección popular para aspirar a otro es una cachetada al electorado que los votó para ese cargo unipersonal o corporación.
No importa sí se trata de salir de un concejo municipal o de una asamblea departamental, tampoco si se deja de ser alcalde de un municipio o gobernador. Cualquiera sea el origen, cuando un político renuncia a su cargo electo para aspirar a otro les está dando el mensaje a los ciudadanos que votaron por él o ella que la primera prueba de confianza no importó un carajo y que, no contento con lo anterior, necesita que nuevamente confíe con su voto en él o ella.
En esta época en la que concejos, como el de Bogotá, prácticamente quedaron a medias por las renuncias para aspirar a la Cámara de Representantes y el Senado de la República, es importante reprochar esta forma lamentable de afrontar la carrera política, en donde un cargo no es un fin en sí mismo que merezca respeto y esfuerzo sino un peldaño más en la escala de ascenso del poder. Peldaño mal entendido, porque el solo hecho de tener el cargo en la hoja de vida no ennoblece al portador, el desertor olvida que la mejor forma de presentación es su responsabilidad, y lejos está de lograrla si deja el trabajo tirado.
También se debe evidenciar el daño que esto genera en las instituciones, de nuevo el ejemplo de Bogotá ilustra: una decena de concejales dejan la corporación ad portas de iniciar el tercer año de gobierno y de período del Concejo, en medio de incertidumbres frente a la discusión del POT. Llegan nuevos reemplazos que no conocen el plan de desarrollo actual y que se tendrán que poner al día de las relaciones con la administración. ¿Pierde el control político? Por supuesto que sí y pierde la ciudad. Salen los concejales y queda un Concejo nuevo, diezmado.
Algunas personas podrán decir que es importante que la ley castigue este tipo de actos y que restrinja a quien se retira de presentarse inmediatamente a otro cargo. La razón por la que no existe este tipo de restricción es porque debería ser generada mediante ley por los mismos actores que se benefician de la no regulación del hecho. Los políticos no van a legislar en su contra. En su defensa dirán que son los mismos electores los que les piden dar un paso al costado y aspirar, pero en realidad lo que prima en esa decisión de renuncia es el interés personalista de político que quiere dar un salto más sin importar que esto menoscabe el mandato que inicialmente le fue otorgado.
Nos queda la sanción social, el retiro de la confianza y la no elección de este tipo de políticos que no ennoblecen sus cargos ni las corporaciones a las que aspiran y que consideran que todo proceder está justificado con tal de satisfacer su interés político disfrazado de supremo servicio a la patria. Ni un voto por un renunciado, ni un voto por un desertor al que sus electores le importan un culo.
