*Esta columna se apoya en un reportaje de El País: Caso Evo Morales: cuando la violencia sexual contra las mujeres queda atrapada en el lodo político

En las pasadas semanas, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha vuelto a ser el foco de atención en su país natal ante acusaciones por abuso sexual a menores de edad. Escribo “ha vuelto” porque no es la primera vez que se le acusa. De hecho, de acuerdo con El País, el caso más notorio fue el de Gabriela Zapata, que le acusó de haberla dejado en embarazo cuando era menor de edad.

El 2 de octubre, una fiscal emitió una orden de captura en contra de Morales por trata de menores y estupro, delito en el que la víctima menor de edad da su consentimiento a base de engaños, chantajes o extralimitación de poder por parte del abusador. Sin embargo, es un delito que las organizaciones feministas reclaman como injusto, pues tiene penas más bajas que la violación y suele usarse para matizar casos de esta.

Por sus señalamientos, a Zapata la acusaron por trata y tráfico de personas, por supuestamente inventar un hijo con Morales, aunque en abril de este año la absolvieron por falta de pruebas. El caso que le acaban de reabrir al exmandatario —preocupante llamarle así a un pederasta— ya había sido presentado por el gobierno interino de Jeanine Áñez, en 2020. La menor también quedó embarazada de 15 años, mientras Morales tenía 57.  Incluso, el gobierno interino ya lo había denunciado por otro caso en el que se filtraron imágenes, tiquetes aéreos y mensajes de texto entre el exmandatario y una joven de 19 años. Una investigación policial reveló que sus vínculos habían comenzado cuando ella tenía 14.

Los tiquetes eran porque, después de la crisis electoral de Bolivia en 2019, Morales se exilió en México y Argentina, así que hubo adolescentes que mandaron a acompañarlo. ¿Fueron, entonces, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández cómplices de los vejámenes de Morales a menores de edad? Es probable que nunca se sepa, pero el tener que hacerse la pregunta ya es repugnante.

Sobra decir que los gobiernos actuales de esos países deben llegar hasta el fondo de las acusaciones, aunque es poco probable que la sucesora de López Obrador lo haga. Por supuesto, la situación no está libre de ser política; cuando el entonces alfil de Morales, Luis Arce, ganó las elecciones, los casos fueron desestimados. Seguramente los reabrieron porque Arce se le volteó a Morales, que quiere volver a ser presidente en 2025. Como el canalla sigue teniendo amigos, el fiscal general del Estado destituyó a la fiscal que emitió la orden de captura, pero ya el revuelo mediático había empezado.

La orden de captura narra lo más escabroso: que entre 2014 y 2015, Evo Morales, “haciendo uso desmedido de su condición como presidente del Estado Plurinacional, crea una guardia juvenil (…) conformada por personas de 14 y 15 años, denominada Generación Evo”. Él mismo se ha referido a que le gustan “las quinceañeras”.   Los padres de una de las niñas que quedaron embarazadas, según el documento, la habrían inscrito para ganar réditos políticos. En otras palabras, vendieron a su hija para que fuera explotada sexualmente por Morales. Ante los ojos de los funcionarios, el tipo tuvo una guardia de adolescentes para hacer lo que quisiera con ellas, y era tal su poder (o la complicidad por parte de esta gente) que nadie hizo nada por evitarlo.

Por supuesto, Morales no va a reconocer sus acusaciones, a las que se refiere como una táctica para perseguirlo políticamente. Esto deja ver otro de los aspectos más injustos y mordaces del caso: ante el escándalo político, las víctimas terminan pasando a segundo plano, y terminan en el fuego cruzado de los partidos y los medios sin recibir justicia alguna en sus casos. Además, porque el infeliz se metió con las niñas y jóvenes más vulnerables, aquellas provenientes del movimiento indígena campesino, con aspiraciones a tener otro proyecto de vida distinto al de sus padres.

Las manipuló, las ultrajó y las abusó, y por eso se merece pasar el resto de su vida en la cárcel, junto con quienes hayan sido cómplices. La trata de personas, el abuso y la explotación sexual infantil son de los crímenes más atroces que existen, y han sido cometidos por Evo Morales como Jefe de Estado, quien debió ser garante de los derechos de toda su población. Si la justicia boliviana no actúa, deben hacerlo los países donde Morales haya cometido crímenes, y la comunidad internacional debe presionar para que pague por lo que hizo. De lo contrario, a lo mejor el Epstein boliviano no sólo queda impune, sino que hasta vuelve a ser presidente.

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