Desde el año pasado, la Policía Nacional ha estado en medio de las principales discusiones públicas y políticas del país por el manejo operativo de las protestas en las principales ciudades, aunque no es menor la relevancia en la opinión, por el deterioro aparente o percibido, de las condiciones objetivas y subjetivas de seguridad cuando se dejó atrás la etapa de confinamiento por la pandemia.
He estado involucrado en la gestión pública local de la seguridad en Medellín y Bogotá, soy profesor en cursos de formación a la Policía hace más de 10 años. Trabajo de cerca y estudio los temas institucionales de la seguridad ciudadana, con una relevancia clara del rol de la Policía, lo que me ha llevado a la pregunta recurrente que da título a esta columna.
A la Policía en Colombia los ciudadanos le demandamos y pedimos que sea mediadora de conflictos y problemas sociales, que abandere y adelante procesos de convivencia y participación ciudadana, que tenga una estructura fuerte de inteligencia que permita anticipar delitos o presentarlos a judicialización una vez sean cometidos. Que proteja a los líderes sociales y que acuda a la garantía de medidas de protección a personas amenazadas, que reaccione de manera oportuna y efectiva a los llamados ciudadanos. Que custodie y proteja a personas sindicadas que deben ser detenidas en sus instalaciones por la ausencia de infraestructura local y del sistema nacional penitenciario. Que participe en proyectos de desminado humanitario, erradicación de cultivos, protección de reservas naturales, y que haga presencia en eventos deportivos y espectáculos multitudinarios. La lista podría ser interminable, pero en últimas, desde las demandas ciudadanas y las mismas tareas que la legislación y el gobierno nacional le han puesto a la Policía, hemos llegado a tener una institución que asume, por momentos, ser la única representación del Estado en muchos lugares del territorio nacional, la mayoría de las veces solo en compañía de docentes.
Si miramos la teoría detrás de la labor de los cuerpos de policía en el mundo, hay algo de consenso sobre la consideración de la vigilancia policial como el servicio por esencia que da lugar a la existencia institucional. Los estados necesitan policías para hacer creíble su legitimidad y defenderla, como una representación del monopolio de la fuerza. Por eso es impensable un estado sin un cuerpo de policía, ni sin un cuerpo antidisturbios, pese a los llamados de sirenas que muchos hacen para su abolición. El Estado simplemente no puede renunciar a ejercer, cuando sea necesario y en el marco de la ley, la fuerza legítima que está en su esencia y que permite mantener su unidad.
Si la vigilancia policial y el mantenimiento del orden público son el servicio esencial de la Policía y si la anticipación, reacción e investigación sobre los delitos son las tareas básicas que debe cumplir en el sistema político, es importante que, como ciudadanos y desde las autoridades civiles nacionales y locales, respondamos con tino y estrategia a la pregunta sobre qué tipo de Policía queremos.
Dejo abierta una pregunta difícil, lo sé, una que no es sencilla de tratar y que distintos puntos de vista nos llevan a caminos antagónicos en las tareas prioritarias que se le asigna a la Policía, pero en últimas, una respuesta que es necesaria y urgente en un contexto de transformación institucional que se ha desencadenado, en parte, para tratar de acercar la Policía a los ciudadanos.
Según el último informe del Invamer Poll de octubre de 2021, el 94% de los encuestados considera que la inseguridad en el país está empeorando y el 62% tiene una imagen desfavorable de la Policía. Mejorar esta situación pasa, en parte, por dirimir la cuestión del tipo de Policía que queremos.
