Hace apenas unos días, el ELN atacó con drones cargados de granadas una estación de policía en Cesar. El hecho es uno más en una escalada que lleva más de dos años acelerándose. Y esta aceleración ilustra algo que ya no es noticia sino rutina: los grupos armados en Colombia dejaron de comprar drones terminados para empezar a ensamblarlos.
La aeronave más usada sigue siendo la comercial, casi siempre de la marca china que domina el mercado mundial. Es la más fácil de conseguir y adaptar, con sistemas de enganche que también se venden por separado. Pero la novedad de este año es otra. Según explicó a El Tiempo un profesor de sistemas aéreos remotamente tripulados de la Universidad de los Andes, en YouTube se puede encontrar cómo fabricar una aeronave con una impresora 3D, y eso es lo que ya están empezando a hacer también.
Lo único que necesitan comprar aparte son motores y componentes electrónicos. Son piezas pequeñas, baratas y de uso cotidiano en industrias legales; por eso, casi imposibles de rastrear sin ahogar un mercado entero. Entran al país por los mismos corredores que históricamente han movido cocaína y oro ilegales.
Esa realidad debería cambiar la pregunta que se hace el Estado. No tiene sentido apostarlo todo a impedir que entren las piezas, ni a perseguir el conocimiento para ensamblarlas. Eso es información pública y bienes de consumo masivo, no un insumo escaso como los precursores químicos del narcotráfico. La pregunta útil es otra: ¿qué pasa una vez que el dron ya está armado y en el aire?
Ahí la experiencia internacional sí ofrece una lección clara. Ucrania aprendió que interferir con la señal o suplantar la navegación del dron solo funciona por un tiempo. El otro bando responde con cables de fibra óptica que esquivan cualquier bloqueo electrónico. Por eso la defensa efectiva terminó siendo menos sobre bloquear la señal y más sobre dispersar y esconder lo que antes se concentraba, como los puestos de mando.
Israel y Estados Unidos, por su parte, apostaron por sistemas de defensa en capas, que combinan detección, interferencia electrónica, interceptores físicos y centros de mando compartidos. Estos sistemas están diseñados específicamente para aparatos pequeños y baratos que antes ningún radar tradicional consideraba una amenaza.
La lección de fondo es la misma en ambos casos: ninguno de los dos intentó cerrarle la puerta al insumo. Los dos invirtieron en blindar aquello que querían proteger. Otros países han apostado, en cambio, por endurecer las leyes o restringir las importaciones sin, al mismo tiempo, construir la capacidad técnica para detectar e interceptar. El resultado ha sido el mismo en todos los casos: regulaciones que existen en el papel mientras el cielo sigue abierto.
Colombia ya dio algunos pasos. Restringió los puntos de entrada legales de drones y sus componentes, y radicó un proyecto de ley para regular su importación, fabricación y uso. También anunció un escudo nacional antidrones con equipos de detección distribuidos en el territorio. El riesgo es que el esfuerzo institucional siga concentrado en la entrada del objeto, cuando la experiencia ajena sugiere que ese no es el punto en el que se gana o se pierde esta carrera.
La ventaja estratégica real, si el Estado quiere tomarla, está en aceptar que no puede impedir que cualquiera arme un dron en un garaje. Lo que sí puede hacer es apostarlo todo a detectarlo e interceptarlo apenas entre en el espacio aéreo de una base o de una ciudad. Esa es la diferencia entre perseguir un taller que puede montarse en cualquier parte y proteger un cielo que sí puede vigilarse.
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