El miércoles, durante las marchas convocadas por la oposición, la senadora @JenniferPedraz hizo en la plenaria del Senado una advertencia preocupante: había militares apostados en el techo del Capitolio Nacional, apuntando hacia la plaza de Bolívar, donde se concentraban los manifestantes. Pocos minutos después, el presidente del Senado, @honohenriquez, señaló que la presencia de los uniformados respondía exclusivamente a una solicitud del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
Más allá de lo que, a mi juicio, fue una bochornosa intervención de la senadora Pedraza, este episodio revela una debilidad de la oposición colombiana: su dificultad para convertir el descontento en un ejercicio de control político serio, técnico y razonado. Parece más empeñada en propiciar una movilización social similar a la de 2021 que en tramitar con rigor los reparos legítimos que los ciudadanos puedan tener frente al Gobierno.
Intervenciones como la de Pedraza, la convocatoria a una marcha a escasos dos meses del inicio del mandato y la insistencia en presentar opiniones como hechos refuerzan una impresión que, lamentablemente, tenía desde antes: la oposición y, en especial, la izquierda colombiana han perdido el rumbo. Se consumen en disputas internas, carecen de un liderazgo claro y muestran poco discernimiento para distinguir qué merece un cuestionamiento y cómo sustentarlo.
El gobierno de Abelardo de la Espriella está lejos de ser perfecto y existen razones para cuestionar sus decisiones. Sin embargo, pretender que en dos meses haya resuelto todos los problemas del país es irrisorio.
En primer lugar, el presidente no fue elegido con la promesa de resolver de inmediato todos los problemas nacionales. Su discurso y sus propuestas se concentraron principalmente en dos frentes: seguridad y economía, en los que, a mi juicio, ha avanzado en la dirección prometida. Eso no lo exime del escrutinio ni garantiza el éxito de su gestión, pero sí exige evaluar sus actuaciones con criterios claros y plazos razonables.
En segundo lugar, los resultados que hoy la oposición presenta como retrocesos atribuibles al Gobierno deben examinarse teniendo en cuenta el tiempo que tardan en manifestarse los efectos de las decisiones económicas y de política pública. No todo lo que ocurre durante un mandato se origina en él. Parte de los problemas actuales puede deberse a decisiones y omisiones del gobierno anterior, cuya gestión esos mismos sectores defendieron con empeño. Atribuirle al nuevo Ejecutivo toda la responsabilidad, sin examinar la herencia recibida, resulta tan poco riguroso como eximirlo de responder por sus propias decisiones.
La oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar al poder. Precisamente por eso, debería contrastar datos, sustentar sus denuncias y proponer alternativas. Si quiere invocar las cifras para cuestionar al Gobierno, también debe aceptar que esas mismas cifras sirvan para evaluar su paso por el poder. La memoria política no puede depender de quién ocupe la Presidencia.
Hace más de una década, la izquierda colombiana contaba con referentes cuya gestión y labor podían merecer respeto, incluso entre quienes teníamos profundas diferencias ideológicas con ellos. Hoy parece haber reducido su discurso a gritar «me opongo» ante cualquier iniciativa del Gobierno, mientras olvida selectivamente que acaba de ejercer el poder y que debe responder por un balance que sus críticos consideramos lejos de ser favorable.
Una oposición seria exige memoria, autocrítica y propuestas. También exige reconocer los aciertos del adversario y asumir los propios errores. Mientras la izquierda tenga que recurrir a las calles y a las protestas como proyecto político, demostrará que no cuenta con argumentos sólidos para sostener sus ideas en la arena democrática.
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