No hace muchos días leía en las noticias internacionales sobre el desahucio de una mujer de más de 80 años en España, un caso que ha desatado una serie de protestas en Madrid. No pretendo entrar a analizar las razones particulares de ese desahucio, pues detrás de ellas existe una discusión jurídica, económica y social que podría ocuparnos durante horas. Sin embargo, el caso permite identificar patrones que, aunque ocurran a miles de kilómetros de distancia, resultan inquietantemente familiares.
El desahucio de Maricarmen es apenas el síntoma más visible —y quizá el más viral— de una crisis mucho más profunda: la creciente dificultad de permanecer en los lugares que habitamos. Una realidad que no es exclusiva de Madrid ni de España y que, con sus propias particularidades, también se manifiesta en Colombia y, de manera especialmente evidente, en Medellín.
El aumento del precio de la vivienda, los arriendos cada vez más difíciles de asumir y la transformación acelerada de algunos barrios plantean una pregunta que hasta hace algunos años parecía reservada a las grandes capitales del mundo: ¿qué pasa cuando vivir en una ciudad se vuelve demasiado caro para quienes siempre han vivido en ella? La respuesta no es sencilla, pero para intentar encontrarla primero debemos entender la realidad desde la que hablamos.
Hoy Medellín enfrenta un déficit habitacional cercano al 20 %. Por un lado, 154.269 hogares presentan un déficit cualitativo; es decir, existen las viviendas, pero requieren mejoras para ofrecer condiciones adecuadas a quienes las habitan. Las condiciones precarias de parte del parque habitacional encuentran sus expresiones más dramáticas cuando las familias habitan zonas de alto riesgo, como ocurrió recientemente en el sector El Jardín, en Manrique, donde 21 viviendas tuvieron que ser demolidas.
Pero el problema no termina allí. Medellín también registra un déficit cuantitativo de 38.206 hogares. En términos sencillos: son viviendas que hacen falta. Miles de hogares para los cuales la oferta habitacional existente no proporciona una solución adecuada y que requieren nuevas alternativas de vivienda.
Las dos cifras muestran las dimensiones de un mismo problema: Medellín necesita mejorar parte de las viviendas que ya tiene, pero también necesita más vivienda. Sin embargo, difiero de quienes han querido encontrar en las viviendas turísticas y las rentas de corta estancia, a través de plataformas como Airbnb, la explicación principal del encarecimiento de la vivienda en la ciudad.
No pretendo afirmar que este fenómeno sea irrelevante. En determinados sectores puede ejercer presión sobre los arriendos y reducir la oferta disponible para residentes permanentes. Pero convertirlo en el gran responsable de la crisis habitacional corre el riesgo de simplificar un problema mucho más profundo: tenemos una ciudad en la que hacen falta viviendas, construir es cada vez más costoso y acceder a una casa resulta cada vez más difícil para una parte importante de la población.
Por eso, considero que la discusión no debería limitarse a buscar culpables en las rentas cortas, sino concentrarse en cómo logramos que Medellín sea más atractiva para la construcción de vivienda urbana. Si tenemos un déficit habitacional considerable y, al mismo tiempo, una demanda creciente por vivir en la ciudad, una parte fundamental de la respuesta pasa por aumentar y diversificar la oferta.
Para hacerlo, Medellín debe avanzar en la transformación de sectores con capacidad para albergar nuevos desarrollos, aprovechar mejor el suelo disponible y facilitar procesos de renovación y densificación donde las condiciones urbanísticas lo permitan. Por supuesto, esto exige infraestructura, espacio público, servicios y condiciones adecuadas de habitabilidad. Construir más no significa construir de cualquier manera, pero tampoco podemos pretender solucionar la escasez de vivienda impidiendo que la ciudad se transforme.
Y para ello tenemos una herramienta fundamental: el Plan de Ordenamiento Territorial. La discusión sobre el POT debe trascender los tecnicismos y convertirse en una conversación sobre la Medellín que queremos construir. El ordenamiento territorial debe generar condiciones para construir más vivienda, transformar sectores de la ciudad y ampliar las posibilidades de acceso para quienes quieren seguir haciendo de Medellín su hogar.
El problema de la vivienda no se resuelve buscando a quién expulsar de la ciudad, sino haciendo posible que más personas puedan vivir en ella.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/nicolas-calle/
