Escribo esta columna días después del desmonte de treinta obras del Museo Nacional. En un discurso de cerca de diez minutos, con su estilo sobreactuado de sheriff valeroso y entre aplausos y vivas de sus subalternos, el presidente de la república le ordena a la ministra de cultura (culturas, artes y saberes), a quien llamó una “generala” para dar “la batalla, la contra revolución cultural”, que enfrente al “socialcomunismo ateo” y desaparezca toda expresión de “wokismo” y toda “oda al terrorismo” del museo.
La ministra, sonriente y emocionada con la misión, muy seguramente recordando su tesis de maestría (de la que no se graduó) titulada “Hacia una definición estratégica del terrorismo”, encarga al secretario general del ministerio para que se traslade al museo y “proceda de conformidad”. Se imagina uno que el profesional en leyes caminó por cada sala señalando las obras que, de acuerdo con su vasta experiencia curatorial, encajaban en la directriz presidencial y el equipo del museo, resignado y sorprendido, iba desmontando.
La censura suele tener un efecto inicial contrario al buscado -lo que se conoce como el efecto Streisand-. Afortunadamente varios columnistas, twitteros y medios han publicado cada una de las obras censuradas permitiendo que llegaran a cientos de miles de personas que nunca habían entrado, y probablemente nunca entrarían, al Museo Nacional. Bajaron el afiche de campaña de Pizarro (que el presidente mencionó con nombre propio), pero también el Bernardo Jaramillo Ossa (quien fue un crítico abierto de la lucha armada y quien jamás portó un arma). Retiraron la bandera LGTBIQ+ y publicaciones feministas. Retiraron afiches contra la violencia a mujeres y escondieron un instrumento de percusión (Yembé) que perteneció a un colectivo lésbico. Por lo del “sonido homosexualizador”, sin duda. Retiraron la Séptima Papeleta porque para este gobierno la Constitución del 91 es la raíz del “wokismo”. La suya es la de Núñez, Caro y Monseñor Builes.
En un hilo de Twitter, María Paz Gaviria, gestora cultural y conocedora de la colección del museo (quien votó por De la Espriella), no solo menciona las obras retiradas, sino que muestra, tanto la incapacidad del gobierno felino de cumplir sus propias directrices, como las contradicciones resultantes de sus decisiones. En una sala llamada Fuerza, fe y sustancia el sábado 18 de octubre, un día después del paseo censor del abogado, todavía se podían encontrar algunas fotografías de Carlos Pizarro L. y una obra de Carlos Castro titulada La gran narco arca en la que Pablo Escobar, montado en un hipopótamo, supervisa el desembarque de varias especies para su zoológico privado de un avión de carga. “No es apología del terrorismo, es reconocimiento al emprendedor y al protector de las especies”, nos dirán desde la manada.
Cabe preguntarse por el siguiente paso de esta “contra revolución cultural” haciendo preguntas, por ejemplo, ¿va la ministra a mandar a bajar el cuadro de Fernando Botero en el que aparece, de camuflado, toalla y fusil, Tirofijo y que está en la colección del Banco de la República? ¿Van a presionar al Museo de Antioquia para para que esconda los cuadros del mismo autor en donde aparece la inmensa figura de un Pablo Escobar abaleado en un tejado de Medellín? ¿Qué va a pasar con los cuadros de Débora Arango que critican a la iglesia católica o que retratan la prostitución? La censura es grave y puede desembocar en persecuciones y violación a más derechos, pero creo que este acto contra la cultura es una estrategia de este gobierno para desviar la atención de grandes problemas que lo desnudan y de cuestionables proyectos que promueve.
Esta semana se conocieron los datos del desplazamiento interno del mes de agosto. En un mes pasamos de 1711 a 5976 compatriotas desplazados. Estos se suman a los más de 9.2 millones que hacen parte del registro único de víctimas. ¿Volvemos a una estrategia de seguridad que victimiza a la población civil?
Después de dos meses del terremoto que afectó a 490 mil personas en 501 municipios y 16 departamentos, el gobierno nacional no ha puesto en marcha una respuesta articulada y coordinada y el Fondo Milagro solo existe en el papel. No hay avance en las demoliciones y en la recuperación de infraestructura esencial y un porcentaje muy bajo de los damnificados han recibido los subsidios de arrendamiento y los bonos económicos. Los microempresarios y tenderos en su mayoría han tenido que cerrar y unos pocos han recibido ayudas del sector privado. Lentos, para decirse tan ejecutivos.
El gobierno presentó ante el congreso un Estatuto antiterrorista (otra vez el tema de la ministra de cultura) que tiene algunos aciertos (persecución de bienes y rentas), pero que amplía la definición de terrorismo de tal forma que desfigura el concepto, propicia generalizaciones peligrosas y pone en duda principios constitucionales. El ejecutivo, sin participación de la justicia, puede, por ejemplo, catalogar a un ciudadano a o una empresa como terrorista congelando todo su patrimonio. En territorios con fuerte presencia criminal en donde la diferencia entre colaborador y víctima es nimia, esta medida va a generar tremendas injusticias.
El gobierno quiere rehacer este país de espaldas a la Constitución y a los derechos que esta contiene. Está sin plata, aun no tiene un ajuste fiscal estructural y no ha iniciado el proceso de reconstrucción post terremoto. El presidente está perdiendo popularidad. Por el desmonte de las obras del museo no podemos perder de vista el “gran cuadro” y los inmensos retos que enfrenta el país y que este gobierno pareciera querer sepultar lejos de la mirada de la ciudadanía detrás de animados discursos presidenciales y de pírricas victorias culturales.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/santiago-londono/
