Hay cosas que un ministro puede hacer legalmente y que, sin embargo, demuestran que no está a la altura de la dignidad del cargo que ocupa.
Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la semana anterior, el ministro de Vivienda (@Minvivienda), Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres), apareció en la playa en Santa Marta mientras el país todavía buscaba desaparecidos entre los escombros y decenas de miles de familias buscaban albergue e intentaban dimensionar lo qué había pasado con sus casas. El desastre ha dejado cientos de muertos y más de 127.000 viviendas afectadas. No es, precisamente, una emergencia ajena a su ministerio.
Beltrán explicó que no estaba de vacaciones; que había recorrido territorios afectados, seguía trabajando y aprovechó unas horas del fin de semana para compartir con su esposa y sus hijos. Puede tener razón en todo eso. Pero, ministro, no aclare, que oscurece.
Nadie discute que un ministro tenga vida privada, familia o derecho al descanso. El problema es otro: quien acepta gobernar también acepta que, en circunstancias extraordinarias, su vida privada no se puede sobreponer a su responsabilidad pública.
El Ministerio de Vivienda no dirige por sí solo la respuesta a un desastre. Pero cuando miles de colombianos pierden precisamente sus viviendas, su titular adquiere una responsabilidad material y simbólica: ayuda a coordinar soluciones en materia de vivienda y a través de su presencia institucional, representa al Estado.
No se trata de exigir la renuncia porque Beltrán asistiera a un evento social, sino porque, en medio de una emergencia directamente relacionada con su cartera, no estuvo a la altura de la dignidad que ostenta.
Max Weber en La política como vocación, sostuvo que quien hace política debe actuar bajo una ética de la responsabilidad: asumir las consecuencias previsibles de sus decisiones, y no limitarse a defender la pureza de sus intenciones.
El episodio sería grave incluso sin antecedentes. Pero Beltrán llegó al Ministerio después de una Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) marcada por cuestionamientos. Después de que el Consejo de Estado anulara su elección como alcalde por doble militancia, en marzo de este año la Contraloría (@CGR_Colombia) abrió un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con la pérdida de bienes del alumbrado público, cuyo presunto daño fiscal supera los $46.600 millones. Eso no lo convierte en culpable. Pero sí eleva el estándar de escrutinio que merece quien vuelve a ejercer un cargo público.
En Colombia confundimos demasiado la responsabilidad responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y política. Como si un ministro solo debiera abandonar su cargo cuando un juez lo condena, la Procuraduría lo sanciona o la Contraloría determina una responsabilidad en su contra. Gobernar exige algo más que no infringir la ley. También exige responder políticamente por las decisiones, las omisiones y las conductas que erosionan la autoridad gubernamental y la confianza ciudadana necesarias para ejercer el poder.
El ministro debería renunciar. Y si no quiere hacerlo, el presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) debería removerlo de su cargo, nunca premiarlo encargándole el “Plan Milagro” para la reconstrucción del país afectado.
La dignidad del poder no consiste solamente en llegar a él. Consiste también en saber cuándo se debería dejar de ejercerlo.
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