Cada vez que las cuentas del país dejan de cuadrar, aparece alguien con una «motosierra» lista para la foto. Esta semana le tocó al Centro Democrático, que respondió a la Ley de Rescate con una infografía: pasar de 19 a 6 ministerios y ahorrar $5,9 billones al año. El Gobierno ya había puesto la suya sobre la mesa, con facultades extraordinarias para fusionar o eliminar la mitad de las entidades del Ejecutivo. A lado y lado se repite la misma palabra, austeridad, con una comodidad que debería preocuparnos.
La austeridad se vende fácil porque promete que el ajuste lo paga otro: el burócrata, el contratista, la camioneta blindada, la embajada de sobra. El fin de semana, Alejandro Gaviria lo planteó en un hilo que todos deberíamos leer. Para Gaviria, el lío de fondo está en un contrato social incoherente: como país, gastamos más de lo que estamos dispuestos a pagar. La frase es incómoda porque nos incluye a todos, y a ningún partido le conviene una explicación en la que el ciudadano también aparece en la cuenta.
La magnitud del problema ayuda a entenderlo. De cada 100 pesos del presupuesto de 2027, 22 se irán solo en pagar deuda. Gaviria describe ese servicio de la deuda como un remolino, porque es al mismo tiempo causa y consecuencia del desequilibrio: se paga más porque se debe más, y se debe más porque hay que pagar. Frente a eso, los $5,9 billones de la infografía del CD representan menos del 1% del presupuesto nacional.
Ya sabemos cómo terminan los recortes de organigrama. Entre 2002 y 2006, el programa de renovación del Estado del primer gobierno Uribe suprimió 32.836 cargos y contratos y fusionó tres pares de ministerios. El ahorro consolidado, según la propia Presidencia, fue de apenas un billón de pesos de 2006, y en 2011 el Congreso volvió a separar los ministerios que había fusionado. Esas medidas sirvieron, y tuvieron un valor simbólico real, pero el problema fiscal siguió intacto porque estaba en otra parte.
Está en los rubros que ningún político se atreve a nombrar. Un sistema pensional que conserva parámetros de hace tres décadas. Un sistema de salud sin límites razonables sobre lo que cubre y cuánto cuesta. Unos subsidios a la gasolina y al diésel que benefician más a quien más consume. Un sistema educativo que no se ha ajustado a una población que envejece ni a una economía que cambia. Y unas transferencias a las regiones que se prometen al alza sin decir de dónde saldrá la plata. Ahí está el grueso del gasto, y ahí es donde un partido preocupado de verdad por las finanzas públicas tendría que poner sus propuestas.
Lo que se propone, en cambio, suele ser tiempo prestado. El Centro Democrático plantea estudiar la venta de otra porción de Ecopetrol, una operación que Gaviria califica con razón de jineteo: entra caja por uno o dos años y el problema sigue esperando. El Gobierno, por su parte, asegura que el 70% del ajuste vendrá del gasto, sin que esa cifra tenga un sustento claro, y su Ministerio de Hacienda parece más angustiado por cubrir los pagos del próximo año que por cambiar la trayectoria de la deuda.
La contradicción más reveladora está en el mismo borrador del Centro Democrático. El documento que acompaña la propuesta de seis ministerios plantea eliminar desde 2027 el impuesto al patrimonio, el 4×1.000 y el impuesto a la gasolina y al ACPM, entre otros tributos. Es el síntoma de un impulso libertarianito que se puso de moda en la política latinoamericana: la motosierra como estética, la promesa de bajar impuestos y achicar el Estado al mismo tiempo, todo en formato de titular de prensa. Nadie presenta la cuenta de cuánto dejaría de entrar a las arcas ni qué gasto lo compensaría. Una preocupación fiscal que recorta ingresos con una mano mientras ofrece organigramas con la otra tiene más de campaña que de política económica.
Me dirán que escribo con sesgo “alejandrino”, “gavirista” . Puede ser. Pero en apenas un post en X, Gaviria puso sobre la mesa las conversaciones que el Gobierno, el Congreso y los partidos que tendrán que debatir esta ley han preferido esquivar: pensiones, salud, subsidios, educación y transferencias a las regiones. Ojalá quienes hoy gobiernan y legislan tuvieran la altura de darlas. El país necesita menos idiotas con iniciativa gobernando y legislando, y más gente con conocimiento de política económica y social tomando las decisiones que, al fin y al cabo, definirán el futuro de Colombia.
El diagnóstico de Alejandro Gaviria cierra con una idea que debería estar en el centro de este debate: el problema fiscal es, al final, un problema político. Los políticos prometen y aprueban beneficios, y los ciudadanos, junto con los mismos partidos, rechazan y evaden los costos. Un Estado más pequeño se puede anunciar en una rueda de prensa. Un contrato social coherente exige algo más difícil, que alguien le diga al país qué no se le va a poder dar o qué tendrá que pagar para tenerlo. Mientras ningún partido esté dispuesto a perder votos por esa conversación, seguiremos atrapados en el populismo de la austeridad, ese que promete recortes en los titulares y deja intacta la cuenta.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-carlos-bolivar/
