El 25 de agosto de 1951 Colombia despertó con la noticia de que la TROCO (Tropical Oil Company), aquella petrolera estadounidense que había causado tanta pelotera (las famosas huelgas en las que participó María Cano, el surgimiento de la Unión Sindical Obrera: USO, y los movimientos políticos que dieron origen al ELN), abandonaba el país. En cuestión de unas semanas la infraestructura petrolera de Barrancabermeja fue revertida al Estado colombiano y así nació oficialmente la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).
En un país donde aún hoy las cifras de informalidad alcanzan el 60%, la evasión es la regla, y a todo gobierno le toca hacer maromas (y cuantas reformas tributarias sean necesarias) para llegar a fin de año, Ecopetrol ha jugado un papel fundamental como uno de los principales contribuyentes. Esto significa, señoras y señores, que buena parte de los recursos que históricamente han cubierto la salud, la educación, la seguridad, las pensiones y el desarrollo de la infraestructura nacional, han provenido de Ecopetrol.
Y sin embargo, hemos permitido que se convierta en un bastión de la politiquería.
El problema ha estado allí desde el principio, o al menos eso daba a entender la USO que, en sus múltiples huelgas, siempre insistía en la necesidad de acabar con el clientelismo burocrático que afectaba a la empresa. Cuando pasó a manos del Estado la cosa empeoró, y mucho, pues el gobierno de turno empezó nombrar por decreto al presidente de la compañía. Así, se convirtió en el bocado más codiciado del ponqué burocrático que se repartían los partidos tradicionales, lo que a su vez se prestó para varios escándalos de corrupción. Famosas fueron, por ejemplo, las adjudicaciones torcidas que siguieron al descubrimiento de los mega yacimientos de Caño Limón, Cusiana y Cupiagua en los años setenta y ochenta.
Este estado de cosas no sólo drenó cuantiosos recursos que podrían haberse destinado para el desarrollo del país y la prestación de servicios esenciales, sino que también terminó poniendo a la petrolera en jaque. Para el 2023 el riesgo de desabastecimiento energético que amenazaba con dejarnos sin reservas, la incapacidad financiera de una empresa estatal atada a los límites del presupuesto público, la politiquería, el clientelismo, la falta de transparencia y el evidente conflicto de interés por ser juez y parte del sector, tenían a Ecopetrol al borde de la quiebra. Fue entonces cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que adoptara la función reguladora, se promovió la apertura accionaria inyectando capital para exploración, y se impulsaron estándares internacionales de gobernanza corporativa para blindar la dirección técnica de la empresa.
Y sin embargo, a dos décadas de la reestructuración, los presidentes de turno siguen metiendo mano, feriándose el botín y poniendo en riesgo la reputación y el futuro de la petrolera. Basta con revisar los nombramientos del gobierno Petro (Roa Barragán, Palma y Glorillea, entre otros) y las nefastas decisiones que produjeron una caída billonaria en utilidades, aún cuando el 2022 había sido histórico en ganancias. Ah, y cuando esperábamos que las cosas con De la Espriella mejoraran, el hombre nombrar a su amigote Joaquín Gutiérrez como presidente, e infectar la Junta Directiva con sus estrategas de campaña.
Por eso creo que hoy nos corresponde a nosotras, las ciudadanas, exigir un cambio real. El poder Ejecutivo ha demostrado que no ofrece garantías de un gobierno corporativo serio, democrático y confiable. No queda otra que blindar a Ecopetrol. Al fin y al cabo, tampoco es descabellado ni nada que no hayan dicho antes eminencias de la Ciencia Política y la Economía como Guillermo O’Donnell y Elinor Ostrom: cuando hay instituciones que manejan recursos colectivos tan importantes, es necesario crear contrapesos intraestatales independientes que frenen el abuso patrimonial por parte del poder Ejecutivo, o establecer reglas de decisión compartidas que eviten la captura de los recursos públicos por intereses de corto plazo.
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