Neoliberalismo político

El neoliberalismo tiene una faceta bastante conocida, la económica, que es defendida por muchos economistas, administradores, empresarios, etc. pero hay otra, la política que, creo, ha sido menos analizada por sus defensores.

El neoliberalismo, como corriente teórica, surge desde mediados del siglo XX, como una renovación de las ideas del liberalismo clásico, en el marco de una crítica al Estado de Bienestar que se había instaurado a lo largo del siglo XX. Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979-1990) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1981-1989), se encargaron de poner en práctica la ideas neoliberales por medio de reformas para reducir el tamaño del estado, en términos de número de empleados, entidades estatales, empresas públicas, etc; y en ampliar las dimensiones del mercado alrededor de la idea de la libertad: libre mercado, libre elección, libertad de empresa, reducción de impuestos, etc.

En Colombia, en consonancia con estas nuevas ideas liberales, se promulgó la Constitución de 1991 bajo la idea de: tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario. Esto se vio reflejado de muchas formas. Privatización de empresas públicas como Telecom que fue comprada por lo que hoy es Movistar; venta parcial de la propiedad estatal como ocurrió con Ecopetrol e Isagen; firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con diferentes países, por nombrar solo algunos ejemplos.

Otra de las medidas tomadas fue la reducción del número de empleados en las entidades del estado. Desde la década de 1990 hasta hoy comenzó un proceso de tercerización a través de contratos de prestación de servicios de las personas que antes prestaban los mismos servicios pero como empleados del estado. Esta tendencia está relacionada también con la proliferación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones, corporaciones, etc. a finales de los años 80’ a través de las cuales comienzan a ser contratadas estas personas. Conductores, vigilantes, personal de servicios generales, mensajeros, secretarias, asistentes, comunicadores, gestores sociales, contadores, etc. comenzaron a desaparecer de las nóminas de entidades oficiales y a ser contratados por prestación de servicios, conformando un grupo social cada vez más grande: los “contratistas” del estado.

En entrevista con la emisora La W el pasado lunes 1 de abril, el ministro de Cultura, Juan David Correa, contó que el número de empleados que necesita el Ministerio para funcionar es 1.200 personas, pero solo cuenta con 285 servidores públicos (24%), es decir menos de la cuarta parte son empleados del estado. Significa entonces que los otros 915 empleados (76%) son contratados cada año por prestación de servicios para cumplir las funciones que tiene constitucional y legalmente esta entidad.

Las personas son contratadas por el estado a un término fijo, directa o indirectamente, a través de empresas de empleo temporal o de “organizaciones”. Pero cada año se enfrentan a la incertidumbre de la renovación de su contrato, que depende obviamente de los políticos que están gobernando. Esto tiene, entre otras, dos consecuencias importantes: afecta la calidad en la prestación del servicio por parte de las entidades estatales y la calidad de vida de la persona que es empleada bajo estas condiciones.

Cuando una persona desarrolla una tarea reiteradamente a través del tiempo, se cualifica, aprende a saberla hacer cada vez mejor, de una forma que lo diferencia de otros, lo que en términos empresariales se conoce como el “know how”, “saber hacer” las cosas con un valor agregado. Si la persona que cumple esa función y quienes están a su alrededor, superiores o subordinados, son reemplazadas cada cierto tiempo: 1, 2, 3 o hasta 4 años, con cada cambio de gobierno, la entidad pierde el conocimiento sobre cómo “saber hacer” las cosas bien, incluso aquellas que son básicas para el estado: cuidar niñas y niños, vacunar personas, atender taquillas, entregar subsidios, limpiar una universidad pública, pintar una placa deportiva o conservar las obras del Museo Nacional.

Por su parte, los contratistas, aunque tengan certeza de la renovación del contrato, por causa de las demoras en el estado, como lo explica el ministro en la entrevista, pueden demorarse 1, 2, 3 o más meses para firmar. Meses en los que las demandas al estado no disminuyen, por el contrario se acumulan, en una población que en 1991 era de 33 millones y hoy es de 52. Es decir, en tres décadas de neoliberalismo la población ha aumentado y por tanto el número de necesidades sociales, así como la complejidad de las mismas. 

Para terminar, no voy a entrar a analizar las repercusiones del neoliberalismo en la economía: la expansión del mercado que permite la reproducción del capital económico. El análisis que hago es en términos políticos: la reducción del estado que también facilita la reproducción del capital político, tanto de derecha como de izquierda.

La inestabilidad laboral en la contratación pública permite a muchos grupos políticos permanecer en el poder. Los “contratistas” terminan voluntaria o involuntariamente trabajando para que estos políticos sigan allí, tengan o no afinidad ideológica con ellos, dado que esto garantiza una cosa tan básica como la supervivencia: pagar la comida, el arriendo o la deuda con el banco, los servicios públicos, el colegio de los hijos, etc. Esto lo hacen de muchas formas, recogiendo firmas de ciudadanos para inscribir candidatos, utilizando el presupuesto de proyectos y programas públicos para hacer campañas políticas, transportando votantes el día de las elecciones en vehículos oficiales, entre otras.

El neoliberalismo entonces, más allá de los resultados que haya tenido en la reproducción del capital económico, también tiene otra cara que sus defensores deberían considerar: el neoliberalismo facilita la reproducción del capital político de muchos grupos, de derecha y de izquierda, que a través del tiempo se van convirtiendo en los dueños del estado local y regional, y de algunas entidades a nivel nacional: los Char en Barranquilla, Dilian Francisca en el Valle, los Liberales en Envigado, los Caicedo en Santa Marta, los Gnecco en la Guajira, y así podríamos hacer un recorrido por todo el país. ¿Sería posible pensar en un neoliberalismo que busque la expansión del mercado sin necesidad de reducir el tamaño del estado y con la disposición a ampliarlo cuando sea necesario? Esta idea, no riñe con la de: “tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario”, por el contrario, la materializa.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-felipe-suescun/